¿Debe permitirse al gobierno confiscar propiedades privadas, con una compensación razonable, para uso público o cívico?

El dominio eminente es el poder de un estado o un gobierno nacional para tomar una propiedad privada para uso público. Puede ser delegada legislativamente por los gobiernos estatales a los municipios, a las subdivisiones del gobierno o incluso a personas o corporaciones privadas, cuando están autorizadas a ejercer las funciones de carácter público. Los opositores, incluidos los conservadores y los libertarios de New Hampshire, se oponen a dar al gobierno el poder de confiscar propiedades para proyectos privados, como los casinos. Los defensores, entre los que se encuentran los defensores de los oleoductos y los parques nacionales, argumentan que la construcción de carreteras y escuelas no sería posible si el gobierno no pudiera incautar tierras bajo dominio eminente.