Los inmigrantes ilegales, así como los inmigrantes legales que llevan en el país menos de cinco años, no tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita a través de Medicaid. Un estudio realizado en 2007 estima que menos del 1 por ciento de los gastos de Medicaid se dedicó a la asistencia sanitaria para los inmigrantes ilegales. Los defensores de la asistencia sanitaria subsidiada para los inmigrantes argumentan que el mayor acceso a la atención preventiva básica bajará la demanda de la costosa atención de urgencia. Los detractores argumentan que los inmigrantes en el sistema de salud corren el riesgo de convertirse en "pacientes permanentes," porque no tienen parientes, seguros ni una dirección establecida donde puedan ir una vez se les da el alta.
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