En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, declaró que todos los países tienen la obligación legal bajo el derecho internacional de abordar el cambio climático y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La corte afirmó que no actuar sobre el cambio climático podría considerarse un 'acto internacionalmente ilícito', abriendo la puerta para que las naciones afectadas busquen reparaciones de los principales contaminadores. La opinión consultiva enfatiza que un ambiente saludable es un derecho humano y que las naciones ricas, en particular, deben cumplir con sus compromisos climáticos o enfrentar responsabilidad financiera. Esta decisión es vista como una gran victoria para los defensores de la justicia climática y podría influir significativamente en futuras litigaciones y políticas climáticas a nivel mundial. El fallo fue provocado por un caso presentado por naciones insulares del Pacífico, resaltando el impacto desproporcionado del cambio climático en comunidades vulnerables.
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